¿Por qué un Manifiesto de Transparencia?
La revolución digital ha supuesto un cambio radical de paradigma en el acceso a la información de los ciudadanos. Ha abierto un inmenso abanico de posibilidades informativas para los lectores y, entre otras cosas, ha convertido a estos no sólo en dueños de sus propias jerarquías periodísticas, sino también en emisores y difusores de un sinfín de contenidos. En medio del proceso de adaptación a este drástico cambio en los hábitos de consumo informativos, se ha producido un incremento notable de la difusión de informaciones falsas, manipuladas de forma interesada o poco profesional, y distribuidas luego de manera masiva gracias al impulso de las redes sociales. Cuando los medios de comunicación no habían terminado de salir de la profunda crisis económica e industrial en la que se sumieron con la normalización del uso de Internet, el fenómeno de las noticias falsas ha venido a añadir un nuevo factor de incertidumbre: provoca una pérdida de credibilidad para el periodismo y conlleva un cuestionamiento del papel de los medios de comunicación, con las implicaciones que esto tiene para el derecho a la información de la ciudadanía y, por tanto, para la democracia en sí. Por ello, es urgente que todos los actores involucrados en garantizar esa libertad de información, y en particular los medios y los periodistas, renueven su compromiso de responsabilidad con la ciudadanía atendiendo a las siguientes prácticas:
Práctica profesional de los medios y periodistas
Los medios de comunicación se comprometen a publicar de forma visible y fácilmente accesible información actualizada sobre la propiedad, sus estructuras de gobierno, organigrama, biografías relevantes, así como informes anuales financieros y de sus actividades.
De igual forma, los medios harán pública su política editorial para explicar los motivos y principios que justifican sus publicaciones.
Evitarán las campañas promocionales, sean comerciales, políticas o de cualquier otro tipo de organización, en su estrategia informativa. Los contenidos de estas características deben aparecer identificados expresamente como tales.
Siguiendo los códigos deontológicos, los periodistas facilitarán la trazabilidad y transparencia de las informaciones y, en la mayor medida posible, aportarán datos sobre las fuentes, autor, fecha y procedencia de los contenidos que elaboran o de los que se hagan eco, y compartirán la documentación de apoyo y de contexto en la que sustenta la información publicada.
En las redacciones se redoblarán esfuerzos para poner en práctica constantemente técnicas de verificación que deben cumplir los estándares internacionales consensuados en esta materia, como el apartidismo y la igualdad en la aplicación de técnicas de fact-checking.
Se garantizará la confidencialidad y la protección de las fuentes informativas, incluyendo de forma particular a denunciantes de prácticas poco éticas y delitos, como la corrupción.
Los profesionales se comprometen a cumplir con su responsabilidad y rectificar contenidos erróneos para no contribuir a su difusión y a la consecuente deslegitimación del periodismo.
Los medios y periodistas deben comprometerse a atender con diligencia y celeridad los derechos de las personas objeto de información y de sus comunidades de lectores/audiencia mediante la inclusión de instrumentos para la rectificación de informaciones inexactas, acceso y participación plural de la ciudadanía, en particular de colectivos vulnerables.
La tecnología es una aliada para la libertad de expresión y la diseminación de discursos plurales, y con tales fines debe ser utilizada. Se impulsarán herramientas que permitan al público, por sí mismo, verificar la fiabilidad y la transparencia de un contenido, cabecera o medio de comunicación online.
El periodismo de “código abierto” y los formatos compatibles con Open Office son algunos de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas.
Los medios tienen derecho a conocer el impacto que el “derecho al olvido” produce sobre la información que deciden divulgar a través de Internet. En particular, tienen derecho a ser notificados acerca de los contenidos bloqueados o eliminados en aplicación del “derecho al olvido” por parte de motores de búsqueda.
Los poderes públicos
Los medios y periodistas tienen la obligación de exigir la transparencia, el derecho de acceso y la rendición de cuentas de los poderes públicos como parte inseparable de la libertad de información. Los medios demandarán la publicación y conservación de la información relativa a los procedimientos de toma de decisiones, agendas, consultas públicas, documentos enviados por lobbies de forma sistemática, ágil, completa y accesible para toda la ciudadanía.
Las iniciativas promovidas por los Estados y las organizaciones políticas serán respetuosas con los estándares internacionales sobre protección de la libertad de expresión e información.
Se protegerán particularmente las formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social.
Se evitará el Derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios.
Los poderes públicos se comprometen a poner en marcha campañas de alfabetización mediática y digital.
Los anunciantes
Las empresas se comprometen a incorporar mecanismos que den preferencia a la información procedente de prácticas de periodismo riguroso como parte de su compromiso con una sociedad plural, libre, justa y educada en el pensamiento crítico.
Renuncian a acompañar y financiar, y por tanto promover, la difusión de noticias falsas.
